Caso Libra: el Gobierno cerró la unidad que investigaba al Presidente por corrupción

El Ejecutivo nacional decidió dar por concluida la investigación sobre el polémico criptoactivo $LIBRA, que generó denuncias por supuestas irregularidades vinculadas al presidente Javier Milei y a su círculo más cercano. Mediante un decreto firmado por el propio jefe de Estado y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se resolvió disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), organismo que había sido creado para indagar el funcionamiento y las implicancias legales del token.

La medida implica el cierre formal de la pesquisa, que en los últimos meses había centrado la atención pública debido a acusaciones de corrupción y presunto enriquecimiento ilícito. Aunque el caso generó fuertes repercusiones, desde el Gobierno sostienen que no hay elementos suficientes para continuar con la línea investigativa.

Con esta decisión, la gestión de Milei busca dar por terminada una etapa que generó tensiones tanto dentro del oficialismo como en la oposición, que venía exigiendo explicaciones por los posibles conflictos de interés que rodeaban al proyecto $LIBRA.

A través del Decreto 332/2025, publicado este martes 20 de mayo en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso fin a la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), organismo que fue creado a fines de febrero para analizar las operaciones vinculadas al criptoactivo $LIBRA, una moneda digital que generó fuerte controversia por su promoción directa por parte del presidente Javier Milei.

La decisión, firmada por el mandatario y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, implica el cierre definitivo de la unidad, que hasta hoy operaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La UTI se había formado el 25 de febrero, apenas horas después de que el jefe de Estado compartiera contenido en sus redes sociales respaldando al criptoactivo. La maniobra derivó en una caída abrupta del valor de $LIBRA, perjudicando a numerosos inversores que habían apostado al proyecto.

En medio de las críticas públicas y la presión de sectores de la oposición —que exigían una investigación formal por presunto tráfico de influencias, manipulación de mercado y enriquecimiento ilícito—, el Ejecutivo respondió anunciando la conformación de la UTI. Su función principal era asistir al Poder Judicial y facilitar el acceso a información requerida por organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA).

Sin embargo, a menos de tres meses de su creación, la Casa Rosada resolvió dar por concluida su labor. Fuentes oficiales aseguran que la medida responde a la “inexistencia de elementos que justifiquen la continuidad de la investigación”, aunque voces críticas consideran que se trata de un intento por dar por terminado un episodio que aún genera sospechas en la opinión pública.

El Gobierno dio por terminada la investigación sobre $LIBRA

A menos de tres meses de su creación, la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), destinada a esclarecer el escándalo alrededor del criptoactivo $LIBRA, fue oficialmente disuelta por el Gobierno nacional. La medida quedó formalizada este lunes con la publicación del Decreto 332/2025 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Según el texto del decreto, la tarea de la UTI “fue cumplimentada” y toda la documentación recopilada ya fue enviada al Ministerio Público Fiscal (MPF), cerrando así una etapa que estuvo marcada por denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito que involucraban al propio jefe de Estado y a su entorno más cercano.

La unidad había sido conformada el pasado 25 de febrero, luego del fuerte impacto político que generó la promoción de $LIBRA por parte del presidente en sus redes sociales. La difusión oficial del activo digital fue seguida por una abrupta caída en su cotización, lo que derivó en significativas pérdidas económicas para los inversores que apostaron a la moneda.

La creación de la UTI respondió a la presión de distintos sectores, incluyendo organismos como la UIF, la CNV y el Banco Central, que exigieron al Ejecutivo colaboración para esclarecer las operaciones detrás del criptoactivo. No obstante, con el cierre de la unidad investigadora, el Ejecutivo da por terminado un capítulo que sigue generando cuestionamientos por parte de la oposición.

El anuncio llega en un momento políticamente estratégico: apenas 48 horas después de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. En esa jornada, el oficialismo celebró una victoria significativa con el triunfo del vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, quien se impuso con el 30% de los votos. Detrás quedaron Leandro Santoro, representante del peronismo porteño (27,3%), y Silvia Lospennato, del PRO (15,9%).

Si bien desde el Gobierno aseguran que el trabajo de la UTI fue concluido de forma satisfactoria, sectores críticos consideran que la decisión responde más a razones políticas que judiciales, y advierten que el cierre de la investigación podría dejar sin esclarecer posibles irregularidades que aún no fueron debidamente analizadas.

El resultado fue leído como un respaldo electoral a la Casa Rosada, pero no será suficiente para frenar la avanzada de la oposición. Este miércoles, los bloques opositores en la Cámara de Diputados impulsarán una sesión con un temario que incluye la definición de las autoridades de la Comisión investigadora sobre el caso $LIBRA. Además, se debatirán iniciativas relacionadas con el aumento de haberes jubilatorios, un bono extraordinario para jubilados, una nueva moratoria previsional y la renovación de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN).

Mientras tanto, el frente judicial avanza en paralelo. El fiscal Eduardo Taiano, que tiene a su cargo la investigación sobre el caso, ya ordenó medidas bajo secreto de sumario. Entre ellas, figuran pedidos de informes al Banco Central y a otros organismos sobre la evolución patrimonial del presidente Milei y de su hermana, Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia.

El expediente judicial contempla una imputación que incluye presuntos delitos como cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La Justicia busca determinar si existieron beneficios económicos personales en la promoción del criptoactivo, lo que agravaría el escándalo que el Gobierno intenta dejar atrás.