Entre Ríos habilitó la caza menor y se profundiza el conflicto con ambientalistas

La provincia de Entre Ríos habilitó la temporada de caza deportiva menor mediante la Resolución N° 100/26, lo que reavivó el conflicto entre el Gobierno y sectores ambientalistas que cuestionan el impacto de la actividad sobre la fauna silvestre.

La medida, dispuesta por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, establece que la actividad podrá desarrollarse entre el 8 de mayo y el 23 de agosto. La decisión generó un inmediato rechazo en redes sociales y reactivó presentaciones judiciales que buscan declarar su inconstitucionalidad.

En respuesta a las críticas, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, defendió la habilitación y descartó la posibilidad de prohibir la práctica. “No podemos prohibir lo que está permitido”, afirmó, al sostener que se trata de una actividad contemplada por la normativa vigente.

El funcionario también subrayó el impacto económico de la caza deportiva en distintas regiones, especialmente en zonas como el departamento Islas del Ibicuy, donde —según explicó— la actividad genera empleo en el turismo y los servicios rurales.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas cuestionan este enfoque y advierten sobre los riesgos para la biodiversidad en un contexto de crisis climática. Entidades como el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS) denuncian la falta de estudios científicos actualizados que permitan conocer el estado real de las especies habilitadas, en particular aves como los patos.

Desde estos sectores también critican el proceso de participación ciudadana, al considerar que las audiencias públicas se limitaron a formalidades sin incidencia real en la toma de decisiones.

La controversia vuelve a poner en evidencia la tensión entre dos modelos: uno que promueve la explotación de recursos naturales con fines económicos y otro que exige mayores garantías para la protección de los ecosistemas y el bienestar animal en la provincia.