El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y los órganos de transparencia estatales impusieron un total de tres mil 843 sanciones por incumplimiento de las obligaciones de transparencia en 2022, según datos proporcionados por el Inegi. Este número representa un incremento del 102 por ciento en comparación con el año 2020.

Según el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal 2023 del Inegi, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México fueron los más sancionados, seguidos por el Poder Ejecutivo federal.

Las sanciones impuestas por el Inai incluyeron: mil 552 amonestaciones públicas, 465 multas y mil 826 medidas de apremio. Estas últimas pueden consistir en la publicación en la página web del sujeto obligado infractor con un mensaje que indique su incumplimiento con la ley de transparencia.

Sectores que recibieron sanciones del Inai

• Instituciones de educación superior públicas autónomas, con 16 medidas de apremio.
• Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, con seis sanciones.
• Fideicomisos y fondos, con seis medidas de apremio.
• Fiscalía General, con cinco sanciones.
• Poder Judicial, con cuatro sanciones.
• Empresas productivas del Estado, que apenas registraron una sanción por incumplir determinaciones de transparencia.

La ausencia de dos comisionados en el Inai durante más de dos años es una preocupación importante, dado el papel crucial que desempeña este organismo en la promoción de la transparencia y la protección de datos personales en México.

Las críticas del presidente López Obrador al Instituto Nacional de Transparencia (Inai) son parte de un debate más amplio sobre el papel de las instituciones gubernamentales y su relación con el poder político. Si bien es importante que exista un diálogo constructivo entre el gobierno y las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y proteger los derechos individuales, también es fundamental que estas instituciones puedan operar de manera independiente y sin interferencias políticas indebidas. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de la democracia, y es responsabilidad de todas las partes involucradas trabajar juntas para fortalecer estas instituciones y garantizar su efectividad en beneficio de la sociedad.