El número de agresiones contra la prensa aumentó durante el gobierno de AMLO

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador deja asuntos pendientes en relación con la libertad de expresión, según señala la organización Artículo-19. Estos incluyen el aumento de la violencia contra periodistas, la falta de transparencia, el espionaje a ciudadanos y leyes que podrían implicar censura.

En su informe titulado «Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México», presentado ayer martes, la organización reporta que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2024 se registraron tres mil 408 agresiones contra la prensa. Esto incluye el asesinato de al menos 46 periodistas y la desaparición de cuatro más.

A pesar de que la violencia contra la prensa ya era alta durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, esta tendencia no se ha detenido en la actual administración.

Al concluir el gobierno de López Obrador, se observa que no solo no se logró detener la violencia, sino que además hubo un aumento del 62.13% en las agresiones contra la prensa en comparación con la administración anterior

Según el informe

Desde el gobierno se continuó con el espionaje a ciudadanos sin antecedentes penales ni órdenes judiciales. El reporte indica que el Ejército prosiguió con la adquisición del software malicioso Pegasus, el cual se utilizó ilegalmente durante la administración de Enrique Peña Nieto para espiar a periodistas y defensores de los derechos humanos.

Artículo-19 también resalta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de respaldar las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA), las cuales permiten que particulares soliciten la eliminación de publicaciones en páginas de internet y redes sociales sin necesidad de una orden judicial, bajo la premisa de presuntas violaciones a los derechos de autor.

«Con estas modificaciones se han legitimado procedimientos que claramente contravienen la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, como el mecanismo conocido como ‘aviso y retirada’. Para poner fin a este preocupante ciclo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó en mayo de este año dicha reforma, abriendo ampliamente las puertas a la censura digital», menciona el informe.

Artículo-19

También señala que uno de los temas pendientes que dejará López Obrador es la falta de transparencia. A pesar de que la actual administración federal se jacta en sus discursos de ser transparente, la organización no gubernamental afirma que esta transparencia no se refleja en la práctica.

Como ejemplo, menciona los obstáculos desde el Senado para la designación de los tres comisionados restantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), así como los continuos recursos de la Consejería Jurídica de la Presidencia para evitar la entrega de información bajo el argumento de seguridad nacional.

Según el informe, «En el caso de los recursos de revisión en materia de seguridad nacional (RRSN), estos se interpusieron en 100 ocasiones contra las resoluciones del Inai que ordenaban la entrega de información relacionada con la compra y autorización de vacunas contra el Covid-19, la adquisición de software espía, asuntos del sector eléctrico, e incluso documentos enviados por el Ejecutivo Federal a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todos estos temas se consideraron por la Consejería Jurídica como asuntos de seguridad nacional.»

Artículo-19 añade que un ejemplo de falta de transparencia es el programa Sembrando Vida, el cual solo divulga información en respuesta a solicitudes específicas. Según el documento, el Gobierno federal no publica de oficio datos como el presupuesto del programa, los criterios para seleccionar a los beneficiarios y el impacto ambiental, aspectos que deberían estar disponibles públicamente.