Aborto forzado en México: un informe advierte sobre violencia estructural e impunidad

La violencia estructural y la impunidad son factores centrales detrás del aborto forzado en México, según el informe “Aborto: La realidad no contada”, elaborado por el equipo de investigación de la plataforma UNNA, especializada en la protección de la mujer embarazada.

El estudio fue presentado por la abogada y vocera de la organización, Paulina Hernández Torruco, quien advirtió que eliminar el delito de aborto de los códigos penales podría generar un escenario de indefensión para mujeres que son forzadas a interrumpir su embarazo mediante violencia, amenazas o coacción.

Violencia múltiple contra mujeres embarazadas

De acuerdo con el reporte, el aborto forzado reúne diversas formas de violencia contra las mujeres, entre ellas abuso sexual infantil, violencia física, psicológica y emocional, chantaje, violencia económica, trata de personas y, en los casos más graves, feminicidio.

Desde UNNA señalaron que la tipificación del delito de aborto tuvo históricamente como objetivo proteger a la mujer embarazada y a sus hijos por nacer, especialmente en contextos de sometimiento, abuso o violencia extrema.

La mayoría de los procesados son hombres

Uno de los datos más relevantes del informe indica que la mayoría de las personas procesadas y condenadas por aborto en México son hombres. Según cifras oficiales recabadas por la organización, actualmente hay 71 hombres privados de la libertad por este delito, frente a solo siete mujeres.

Hernández Torruco aclaró que las mujeres encarceladas no fueron condenadas por practicarse un aborto, sino por su participación en actos de coacción o en delitos vinculados al aborto forzado contra terceros. Además, remarcó que los datos utilizados provienen de fiscalías estatales y organismos oficiales.

Casos documentados y cifras oficiales

El informe también documenta casos concretos de aborto forzado asociados a violencia sexual. Entre ellos, se menciona un hecho ocurrido en Guanajuato, donde un adulto abusó de una menor y luego la obligó, mediante violencia física y emocional, a ingerir pastillas abortivas cuando el embarazo estaba avanzado. El agresor fue condenado a más de 10 años de prisión tras la denuncia.

En cuanto a las cifras, UNNA informó que durante 2024 se iniciaron al menos 841 carpetas de investigación por aborto forzado, mientras que en lo que va de 2025 ya se registraron 370 nuevas causas. Solo Durango y Tlaxcala no reportan denuncias de este tipo.

Advertencia sobre la despenalización

La organización alertó que eliminar el delito de aborto de los códigos penales podría impedir sancionar estas conductas y dejar sin herramientas legales a mujeres víctimas de violencia. El informe concluye que mantener la figura penal es clave para visibilizar y castigar el aborto forzado, así como para proteger a mujeres embarazadas en situaciones de abuso y coerción.