Pacientes renales deben trasladarse o costear su tratamiento por deudas del MSP

Pacientes con enfermedad renal crónica enfrentan serias dificultades para acceder a sus sesiones de diálisis debido a una deuda acumulada del Ministerio de Salud Pública (MSP) con los centros privados que prestan el servicio bajo convenio. La falta de pagos ha derivado en una crisis operativa que impacta directamente en la continuidad de los tratamientos.

En este contexto, muchos pacientes deben viajar largas distancias hacia otras ciudades o asumir costos que no pueden cubrir para poder acceder a un procedimiento que resulta esencial para su supervivencia. La situación afecta especialmente a personas en condición de vulnerabilidad económica y con enfermedades asociadas.

Mientras tanto, las clínicas sostienen la atención en condiciones financieras críticas, lo que genera derivaciones, demoras y en algunos casos la imposibilidad de completar las sesiones requeridas mensualmente.

Pacientes obligados a viajar o pagar para sobrevivir

El caso de Manuela Cujilema, de 46 años, refleja la magnitud del problema. Vive en La Libertad, en la provincia de Santa Elena, y necesita tres sesiones de diálisis por semana. Aunque el MSP le otorgó un código de autorización para acceder a atención gratuita, la clínica asignada en la vía a Salinas le exige 150 dólares por cada sesión.

Sin ingresos estables en su hogar, la paciente y su familia dependen de trabajos informales para intentar cubrir parte de los costos. En algunos casos logran reunir dinero para asistir a una o dos sesiones semanales, mientras el resto quedan sin realizarse, lo que agrava su estado de salud.

Deudas millonarias del MSP con las dializadoras

El origen del conflicto se encuentra en el incumplimiento de pagos del MSP a los centros de diálisis privados que operan bajo convenio. Según datos recopilados mediante pedidos de información, la deuda acumulada supera los 200 millones de dólares, equivalente a cerca de dos años de servicios prestados.

Esta situación ha generado un fuerte desequilibrio en la red de atención, ya que las clínicas continúan obligadas a brindar el servicio pese a no recibir los recursos correspondientes. En paralelo, deben enfrentar costos operativos elevados vinculados a insumos, personal especializado y mantenimiento de equipos.

Traslados extensos, gastos adicionales y riesgo para los pacientes

La falta de disponibilidad local obliga a numerosos pacientes a trasladarse a otras ciudades para recibir tratamiento. Estos viajes pueden implicar horas de trayecto, costos de transporte elevados y dependencia de familiares o terceros para poder asistir a las sesiones.

A esto se suman gastos adicionales en insumos médicos que en muchos casos deben ser cubiertos por los propios pacientes, lo que incrementa aún más la carga económica. Para personas con ingresos bajos o sin empleo formal, esta situación resulta insostenible.

Un sistema bajo presión que afecta la continuidad del tratamiento

El sistema de convenios entre el Estado y las clínicas privadas establece la obligación de garantizar la atención, incluso frente a demoras en los pagos. Sin embargo, la prolongación de la deuda del MSP ha llevado a una situación límite en varios centros.

Algunas instituciones han reducido servicios, reorganizado turnos o solicitado a los pacientes que aporten insumos para poder sostener la atención. En casos extremos, se han producido derivaciones a centros alejados o interrupciones en el tratamiento.

La consecuencia directa es que miles de pacientes renales enfrentan un escenario en el que el acceso a una terapia vital depende cada vez más de su capacidad económica y de la disponibilidad irregular del sistema.

Con información de El Comercio