
El plazo fijado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para que Ecuador y Colombia eliminen las restricciones comerciales que mantienen en disputa ingresó en su tramo final y elevó la preocupación sobre el futuro del vínculo bilateral. Mientras Quito prepara su respuesta oficial al organismo regional, especialistas advierten que una negativa a cumplir con la resolución podría abrir un escenario de sanciones, conflictos judiciales y consecuencias económicas para el país.
La controversia escaló luego de las declaraciones del presidente de Gustavo Petro, quien cuestionó la decisión del gobierno ecuatoriano de incrementar aranceles y sostuvo que esa medida contradice los principios del sistema andino de integración. “El Gobierno de Noboa decidió elevar los aranceles de una manera que rompe con el Pacto Andino”, afirmó el mandatario colombiano durante una entrevista radial.
Petro también advirtió sobre el impacto que podrían tener las restricciones en la zona limítrofe entre ambos países. “Si usted cierra una frontera o pone aranceles altísimos, le está entregando la frontera a la mafia”, señaló al referirse a la actividad comercial en la frontera.
Desde el gobierno ecuatoriano intentaron bajar la tensión y remarcaron que todavía se analiza el alcance de la resolución emitida por la CAN. La canciller Gabriela Sommerfeld aseguró que Ecuador “no desacata absolutamente nada” y confirmó que distintas áreas estatales participan en la elaboración del documento oficial que será presentado ante el organismo regional.
En el proceso intervienen la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Comité de Comercio Exterior y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
La resolución de la CAN exige que ambos países desmonten las medidas restrictivas aplicadas en el intercambio bilateral al considerar que afectan el Acuerdo de Cartagena y alteran el comercio dentro de la región andina.
Especialistas en comercio exterior alertaron que un incumplimiento podría derivar en una escalada dentro del sistema jurídico andino. El exministro de Producción y Comercio Exterior de Ecuador, Julio José Prado, explicó que Colombia tendría la posibilidad de acudir al Tribunal Andino de Justicia para reclamar medidas compensatorias o incluso solicitar restricciones comerciales contra Ecuador.
Según Prado, el mayor riesgo no se limita al plano económico. También advirtió sobre el impacto institucional y reputacional que podría sufrir Ecuador frente a socios internacionales e inversores si decide desconocer una resolución comunitaria.
En la misma línea, el abogado especializado en derecho aduanero Gerardo Vallejo Choez señaló que Colombia podría pedir autorización para aplicar represalias comerciales proporcionales dentro del marco legal andino.
El conflicto también genera preocupación en sectores productivos y ciudades fronterizas. El presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Fernando Larrea Estrada, consideró que una profundización de la disputa podría afectar exportaciones, logística y actividades comerciales en localidades como Tulcán e Ipiales.
A su vez, Miguel Yépez sostuvo que las restricciones ya tienen consecuencias sobre el comercio regional. Según indicó, el intercambio fronterizo moviliza cerca de mil millones de dólares y sostiene actividades vinculadas al transporte, las pequeñas industrias y las exportaciones.
Con el vencimiento del plazo cada vez más cerca, la atención regional se concentra ahora en la postura definitiva que adoptará Ecuador frente a una resolución que podría redefinir su relación comercial con Colombia y poner a prueba el funcionamiento de la integración andina.
Hecha con información de El Comercio*
NoticiasD
21 Mayo 2026