
El incremento proyectado del salario mínimo en Colombia para 2026, que prevé una subida del 23% y elevaría el piso salarial a $1.750.905, encendió las alertas entre analistas económicos, consultores previsionales y actores del mercado financiero. La información se conoció el 28 de diciembre, tras la filtración de un borrador de decreto previo al anuncio oficial, y anticipa repercusiones económicas de amplio alcance.
El Gobierno de Gustavo Petro respaldó la iniciativa en el concepto de salario mínimo vital definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El propio presidente sostuvo que el objetivo del decreto es garantizar ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y vestimenta, al remarcar que se busca asegurar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias.
Uno de los focos de mayor preocupación es el impacto fiscal y previsional. La consultora Integral Soluciones Pensionales (ISP) calificó la medida como “el acto de mayor irresponsabilidad que podría cometer el Gobierno”. Según sus estimaciones, el aumento elevaría la nómina de Colpensiones en $6,7 billones frente a 2025 y generaría un déficit de $3,1 billones en el presupuesto nacional exclusivamente por este concepto.
Además, advirtió que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm) podría quedar al borde de la desfinanciación al agotar sus reservas durante esta década. Para los afiliados a fondos privados, el capital necesario para pensionarse superaría los $525 millones por persona, aumentando aún más la presión fiscal y reduciendo el poder adquisitivo de algunos pensionados.
El consultor Diego Montañez-Herrera alertó sobre el efecto de la indexación automática del salario mínimo en los topes de vivienda de interés social (VIS). Con el aumento proyectado, el límite de 150 salarios mínimos pasaría de $213 millones a $262 millones, mientras que el de 135 salarios mínimos subiría de $192 millones a $236 millones.
Según explicó, si los subsidios no se ajustan en la misma proporción, muchos beneficiarios no lograrían cerrar la financiación, lo que podría provocar renuncias masivas a proyectos de vivienda subsidiada.
Desde el ámbito financiero, el exviceministro de Hacienda Andrés Pardo, actual jefe de Estrategia Macro para América Latina en XP Investments, señaló que la filtración del aumento provocó una reacción inmediata en los mercados. La tasa de los TES a diez años subió más de 33 puntos básicos en una sola jornada, reflejando la preocupación por una eventual suba de tasas del Banco de la República y nuevas presiones fiscales.
En el plano empresarial, Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, advirtió que un incremento elevado del salario mínimo eleva automáticamente los costos empresariales, los precios al consumidor y reduce las utilidades, afectando también el recaudo tributario. Esto, sostuvo, dificulta el acceso de los jóvenes al primer empleo formal y fomenta la informalidad laboral, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.
Una mirada similar expresó Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, quien remarcó que el aumento del 23% incrementa los costos de producción y servicios, presiona la inflación y puede derivar en destrucción de empleo formal, sin una mejora real del poder adquisitivo si no hay aumentos de productividad.
En el plano político, el representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, rechazó la iniciativa y la calificó como una propuesta sin sustento técnico, desvinculada de la productividad y de la realidad económica. Aseguró que el aumento responde a motivaciones políticas y electorales, mientras la economía y los trabajadores enfrentarían sus posibles efectos negativos.
NoticiasD
30 Diciembre 2025