El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró que la reciente suspensión por tres meses del ministro de Exteriores, Álvaro Leyva, por supuestas anomalías en el concurso público para emitir pasaportes, es una medida que busca impedir un Gobierno popular y democrático en el país.

«No nos van a dejar gobernar, pues claro, si es la mentalidad de quienes, acostumbrados a dejar la gente abandonada, no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, un gobierno democrático», aseguró Petro, según la emisora Caracol Radio.

La Procuraduría General abrió ayer un expediente disciplinario y suspendió durante tres meses a Leyva al considerar que había tomado «decisiones caprichosas» y que se extralimitó en sus funciones durante un concurso público para encontrar una empresa dedicada a la emisión de pasaportes.

A partir de esto, el mandatario colombiano publicó en redes sociales que el ministro siguió sus instrucciones en base a la ley y que, por tanto, «no son caprichosas», informó la agencia de noticias Europa Press.

De acuerdo con la Procuraduría, Leyva habría incurrido en dos faltas disciplinarias «gravísimas» cometidas a título de dolo, la primera al considerar que ninguna empresa había ofertado para dicha licitación y la segunda tras decretar la urgencia manifiesta por ello.

Según la entidad investigadora, Leyva carecía, en el primer caso, de los argumentos «fácticos, jurídicos y técnicos» para tomar esta decisión y, en segundo lugar, por decretar el estado de urgencia cuando sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos, en este caso Thomas Greg & Sons.

Este no es el único caso legal que afecta al entorno más cercano de Petro.

A mediados de enero, la Fiscalía imputó formalmente a Nicolás Petro, el hijo mayor del mandatario, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito destinados a la campaña electoral de su candidatura en 2022.

Con relación a este caso, la Fiscalía registró el lunes la sede de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en Bogotá en una acción contra el entonces tesorero de la institución, Nelson Alarcón, quien presuntamente habría autorizado 500 millones de pesos para la campaña de Petro.

El presidente, que se desmarcó totalmente del caso, aseguró que se trata de otra forma más de intentar «sacar al presidente» de su puesto.

Respecto a este último registro, Petro aseguró que se están buscando «caminos» para «expulsarlo» del Gobierno en una organización de trabajadores debido a que él «no se deja financiar por el narcotráfico» ni por «organizaciones mafiosas».

Fuente: télam