
Una nueva crisis se abate sobre el sistema de salud nacional. En este día martes se ha revelado la determinación de EPS Sura de pedir a la Superintendencia Nacional de Salud la autorización para implementar un programa de «desmonte gradual».
Durante una conferencia de prensa celebrada en la mañana de hoy, los líderes de la EPS explicaron que la decisión se basó en los «problemas estructurales» arraigados en el sistema desde hace años.
Juana Francisca Llano, la presidenta de Suramericana, detalló que mediante este enfoque legal pretenden llevar a cabo una retirada «ordenada» que facilite la transición de sus afiliados a otras EPS para garantizar la continuidad de su atención médica.
«Es una medida que hemos evaluado cuidadosamente durante meses, con rigor, responsabilidad y transparencia, con el objetivo de anticiparnos y evitar los problemas enfrentados por otras EPS», expresó.
En el transcurso de su exposición, subrayó que «el país está gastando más de lo que el sistema de salud puede financiar. La financiación inadecuada de nuestro sistema de salud es un problema de larga data y estructural, con un marco legal que ofrece coberturas y servicios ilimitados, pero con un presupuesto limitado».
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de una mayor financiación debido al aumento en la expectativa de vida, el perfil epidemiológico en evolución de la población, el empleo de nuevas tecnologías en el tratamiento de enfermedades y el incremento en el consumo de servicios de salud.
«Los límites presupuestarios establecidos para lo que no está contemplado en el Plan de Beneficios en Salud tampoco son suficientes y empeoran la situación, dada la acumulación de deudas por este concepto en los últimos años. Sumado a ello, esta situación se ha agravado por la migración masiva de usuarios a las EPS que continúan operando», comentó.
De esta manera, resaltó que «el sistema de salud se enfrenta a una crónica falta de financiamiento que pone en peligro su sostenibilidad».
Llano enfatizó que Sura implementó una serie de iniciativas para continuar ofreciendo sus servicios de manera óptima.
âNos hemos esforzado considerablemente para permanecer en el sistema de salud, con el firme propósito de proteger a cada individuo que ha depositado su confianza en EPS Sura. En este momento, es crucial tomar medidas oportunas para evitar un deterioro mayor que pueda obstaculizar el cumplimiento de nuestras obligacionesâ, señaló la presidenta de Suramericana.
En medio del anuncio sobre la solicitud de retirada del sistema de salud, EPS Sura advirtió sobre el riesgo de intervención por parte del Gobierno nacional debido a ciertas variables financieras.
«Existe la posibilidad de que EPS Sura sea intervenida, ya que actualmente no cumple con los requisitos financieros necesarios para la habilitación. El Gobierno nacional podría tomar esa determinación», señaló la presidenta de Suramericana.
Explicó que la decisión de solicitar la aprobación para el desmonte progresivo se basa en un exhaustivo análisis del contexto actual: «Estamos optando por la opción más responsable para nuestros usuarios y proveedores de servicios. Si las circunstancias cambian, estamos abiertos a dialogar».
Aunque expresó confianza en una respuesta positiva por parte del Gobierno, también dejó abierta la posibilidad de negociar una estrategia alternativa que garantice la continuidad de sus operaciones en el sistema.
«Estamos enfocados en obtener la aprobación del plan de desmonte progresivo, ya que es nuestro objetivo principal. Como empresa, siempre estamos dispuestos a dialogar con todas las partes interesadas. Lo fundamental es trabajar juntos para establecer y mantener un sistema de salud sostenible», enfatizó.
Según las directivas de la EPS, se reportaron pérdidas netas de más de $360 mil millones entre 2022 y 2023. Para el presente año, se estiman pérdidas por alrededor de $500 mil millones.
Pablo Otero, gerente de EPS Sura, señaló que «los desafíos estructurales que enfrenta nuestro sistema de salud se han acentuado debido a la falta de asignación presupuestaria en los últimos años».
Destacó que, a pesar de estas dificultades, han trabajado arduamente con miles de colaboradores y una extensa red de proveedores durante 30 años, estableciendo relaciones de confianza y compartiendo el objetivo de proteger la vida de los afiliados.
Subrayó que, si se aprueba el plan presentado a Supersalud, la EPS podrá cumplir con sus obligaciones actuales utilizando las reservas técnicas que respaldan sus compromisos.
«Sin embargo, si el plan no es aprobado, los resultados y los indicadores de viabilidad financiera sufrirán un deterioro, lo que afectará la capacidad de prestación del servicio», explicó.
Desde distintos sectores se conocieron un sinnúmero de reacciones ante la decisión de Sura de solicitar su retiro del sistema de salud. Una de las primeras en pronunciarse al respecto fue Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) âgremio que agrupa a las EPS del régimen contributivoâ, quien aseguró: âEstamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país en toda su historiaâ.
La líder gremial puso de presente que âdesde el año anteriorâ la EPS Sura junto a Sanitas y Compensar advirtieron al Gobierno nacional sobre la profunda crisis financiera que afrontaban. Es de anotar que Sanitas se encuentra actualmente intervenida por la Supersalud, mientras que Compensar también hizo una solicitud en este sentido.
Bruce Mac Master, presidente del Consejo Gremial Nacional, cuestionó que las autoridades hayan desconocido las alertas por parte de los actores que hacen parte del sistema de salud.
âEs la consecuencia de las decisiones tomadas durante los últimos meses que lo único que han hecho es poner en peligro un sistema de salud que ya tenía suficientes dificultades y desafíos como para que las autoridades se empeñarán en producir una crisisâ, expuso.
A su turno, el presidente Iván Duque expresó que la ciudadanía debe unirse para proteger el sistema de salud que permitió enfrentar una pandemia. âEl populismo está destruyendo el sistema de salud de Colombia, la demagogia y prejuicios ideológicos contra la participación privadaâ.
El ex mandatario Álvaro Uribe describió la situación de Sura como una «crisis nacional» y expresó su deseo de que se presenten acciones legales contra las decisiones del Gobierno que perjudican la salud. Además, instó a detener en el Congreso las discusiones sobre reformas que considera perjudiciales para la comunidad y que las impulsan congresistas corruptos.
Por su parte, el ex ministro Alejandro Gaviria fue contundente al afirmar que el Gobierno destruyó el sistema de salud al no comprenderlo, tomando decisiones basadas en la «ignorancia» y la «ceguera ideológica».
«Nunca abordaron seriamente el problema. Ignoraron las solicitudes de las EPS y otros actores del sector. Ni siquiera intentaron comprender los problemas fundamentales. Permitieron que las tensiones financieras se acumularan de manera irresponsable. Los pacientes nunca fueron una prioridad. La ideología siempre primó sobre el bienestar de las personas», enfatizó.
La congresista Catherine Juviano manifestó: «Ahora la salud se convertirá en un negocio. Este gobierno destruyó un sistema que, a pesar de los desafíos, había logrado importantes avances. Ahora dependeremos de Fiduprevisora, de la Adres. Quien desee recibir una atención de calidad, deberá pagar un seguro privado».
Por otro lado, el senador David Luna señaló que al presidente Gustavo Petro le llevó dos años acabar con el sistema de salud: «Desde el primer día de su gobierno, su objetivo fue destruir nuestra salud para obligarnos a adoptar un sistema público donde él pueda controlar más de 90 billones de pesos al año».
El congresista opositor agregó que los más afectados son los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas que dependen de sus tratamientos para sobrevivir.
En un plazo de 65 días, la Superintendencia Nacional de Salud deberá tomar una decisión con relación al plan que fue presentado por la EPS Sura para adelantar su âdesmonte progresivoâ del sistema de salud.
Tras la solicitud de EPS Sura para retirarse del sistema de salud, el Gobierno nacional declaró que esta acción es resultado de fallas estructurales del sistema de salud y reafirmó la urgencia de una reforma integral.
Además, brindó garantías a los usuarios de EPS Sura, asegurando que seguirán recibiendo servicios de salud en las mismas instituciones. «No será necesario cambiar de médico, pedir nuevas citas con especialistas u operaciones pendientes, ni solicitar nuevas autorizaciones para los servicios ya aprobados», afirmó.
Desmintió que esté destruyendo el sistema de salud y enfatizó que es necesaria una âtransformación inmediataâ para asegurar âuna atención digna y de calidad para todos los colombianos, sin distinción algunaâ.
El Gobierno dijo que ha asegurado las obligaciones financieras con las EPS: âA Sura le giró, entre el primero de enero y el 30 de abril, más de $3,5 billonesâ.
El presidente Gustavo Petro afirmó que el rechazo en el Senado de la República a la reforma de salud ha desencadenado una «cadena de quiebras» de EPS.
«El Gobierno propuso convertirlas en gestoras de salud sin cumplir con los requisitos necesarios, mientras que el Estado asumiría el papel de asegurador universal», expresó el mandatario a través de sus plataformas digitales.
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29 Mayo 2024