
La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados de Chile aprobó en general un proyecto de ley que busca prohibir y sancionar la maternidad subrogada, también conocida como gestación subrogada o vientre de alquiler. Esta iniciativa parlamentaria avanza en su tramitación y ya obtuvo 9 votos a favor, con apoyo transversal de legisladores de distintos sectores políticos.
El objetivo central del proyecto es establecer un marco jurídico que impida cualquier forma de maternidad subrogada, modificando normas civiles y creando sanciones penales para quienes promuevan, organicen o realicen esta práctica en el país. La propuesta fue presentada por el diputado Juan Irarrázaval y cuenta con patrocinio de otros parlamentarios.
Los impulsores del proyecto argumentan que la maternidad subrogada atenta contra la dignidad de las mujeres, de los niños y niñas, y la consideran una forma de mercantilización de la gestación humana. La iniciativa marca una etapa clave del debate legislativo en Chile, donde actualmente no existe una ley específica que regule esta técnica de reproducción asistida.
La maternidad subrogada es un proceso de reproducción asistida en el cual una mujer gesta un embarazo para otra persona o pareja, quienes luego asumen la tutela del recién nacido. Esta técnica puede realizarse de dos formas: tradicional o gestacional. En la primera, la gestante aporta su propio óvulo, lo que genera un vínculo biológico con el bebé. En la segunda, que es la más usada en la actualidad, se emplea fecundación in vitro (FIV) con material genético de los padres intencionales o de donantes, eliminando el vínculo genético con la mujer que lleva el embarazo.
La práctica tiene antecedentes históricos que datan de antiguas civilizaciones, aunque su expansión moderna se consolidó en la década de 1970 con los avances en biotecnología y tratamientos de fertilidad. Pese a los progresos médicos, la gestación subrogada siempre generó debates sociales, éticos y legales sobre los derechos de las mujeres gestantes, los niños y el rol del Estado en regular estos acuerdos.
En varios países del mundo la maternidad subrogada tiene distintos marcos normativos. Por ejemplo, Australia, Canadá, Grecia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica y Uruguay permiten la subrogación de manera altruista, sancionando la forma comercial. En contraste, Estados Unidos y México la autorizan ampliamente, aunque con reglas diferentes según cada estado o jurisdicción.

La iniciativa que aprobó en general la Comisión de Familia plantea declarar nulos los contratos de gestación subrogada, estableciendo que la filiación materna se determine únicamente por quien da a luz. Con este principio, el texto busca cerrar cualquier vacío legal que permita acuerdos previamente pactados entre partes para definir la maternidad de un niño.
Además, el proyecto propone tipificar como delitos la intermediación, promoción, organización y comercialización de la maternidad subrogada. Esto significa que cualquier persona o entidad que actúe como intermediaria, profesional de la salud que participe en el proceso o quienes promuevan este tipo de acuerdos enfrentarían sanciones que incluyen penas de presidio y multas.
Otra arista del proyecto abarca medidas preventivas en ámbitos sanitarios y del sistema de adopciones. Por ejemplo, propone prohibir la transferencia de óvulos con fines reproductivos relacionada a subrogación y restringir la adopción para personas o parejas que hayan participado en acuerdos de maternidad subrogada. Estas medidas buscan cerrar rutas alternativas que podrían interpretarse como formas indirectas de ejercer la práctica.
Los defensores de la iniciativa sostienen que la maternidad subrogada convierte a la mujer en un medio para gestar un hijo, lo cual va en contra de su dignidad y reduce el embarazo a un contrato. También enfatizan la necesidad de proteger a mujeres vulnerables que podrían verse presionadas económicamente para aceptar acuerdos de gestación.
Legisladores que respaldan la propuesta advierten sobre los riesgos éticos y sanitarios, y remarcan que esta práctica puede abrir paso a industrias con beneficios dudosos para las partes involucradas. La idea de prohibir la maternidad subrogada ha generado un intenso debate en Chile, donde sectores sociales y organizaciones civiles participan activamente en la discusión.
Sin embargo, también hay quienes cuestionan una prohibición total. En encuestas realizadas el año pasado, más del 60% de la población en Chile mostraba apoyo a la gestación subrogada, destacando la importancia de establecer un marco regulatorio claro más que una prohibición absoluta.
Este proyecto ahora seguirá su trámite con la discusión en particular, donde los diputados revisarán cada artículo y las sanciones específicas, antes de votar en la Sala de la Cámara y luego pasar al Senado. El resultado de este proceso definirá si Chile se convierte en uno de los pocos países que prohíben por completo la maternidad subrogada, marcando un hito en la legislación familiar y de derechos reproductivos en la región.
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29 Enero 2026