La Provincia pidió anular la intervención nacional del Puerto de Ushuaia por inconstitucional

El Gobierno de Tierra del Fuego presentó una acción judicial para declarar la nulidad de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, al considerar que la medida carece de sustento constitucional y avanza de manera indebida sobre facultades exclusivas de la Provincia. La administración fueguina sostuvo que la decisión vulnera la autonomía provincial, desconoce acuerdos vigentes y genera un impacto negativo en la economía local y el empleo.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la intervención dispuesta por el Gobierno nacional ignora el Convenio de Transferencia firmado en 1992, mediante el cual la Nación cedió a la Provincia la administración, explotación y control del Puerto de Ushuaia. Ese acuerdo, ratificado por normas posteriores, consolidó el ejercicio pleno de competencias provinciales sobre una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo y logístico del territorio.

Una medida que avanza sobre facultades provinciales

La presentación judicial sostiene que la intervención nacional implica una intromisión directa en atribuciones que la Constitución reconoce a las provincias. Según el planteo del Gobierno fueguino, la Nación no puede intervenir unilateralmente en un puerto de jurisdicción provincial sin una causa legal válida ni un procedimiento que respete el federalismo.

Además, la Provincia advirtió que la medida afecta la gestión operativa y administrativa del puerto, genera incertidumbre institucional y debilita la planificación estratégica vinculada al comercio, el turismo y la actividad antártica. El Puerto de Ushuaia cumple un rol central en la conectividad marítima del extremo sur del país y en el sostenimiento de múltiples cadenas productivas.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la intervención no solo desconoce el marco jurídico vigente, sino que también altera el normal funcionamiento de un organismo que se administra con recursos propios y bajo control local.

Impacto económico y riesgo para los puestos de trabajo

Otro de los ejes centrales de la acción judicial refiere a las consecuencias económicas de la intervención. La Provincia alertó que la medida desvía recursos generados por la actividad portuaria y pone en riesgo la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras vinculados de manera directa e indirecta al puerto.

El Ejecutivo fueguino remarcó que el Puerto de Ushuaia representa una fuente clave de empleo y de ingresos para la ciudad y para toda la provincia. La actividad portuaria sostiene servicios logísticos, empresas turísticas, operadores comerciales y emprendimientos vinculados a la industria naval y al transporte marítimo.

En ese contexto, el Gobierno provincial consideró que cualquier decisión que afecte su administración debe contemplar el impacto social y económico sobre la comunidad local, algo que, según denunciaron, no ocurrió con la intervención nacional.

Defensa del federalismo y de los derechos provinciales

La presentación judicial busca restituir el pleno ejercicio de las competencias provinciales sobre el Puerto de Ushuaia y sentar un precedente en defensa del federalismo. Desde la Provincia sostuvieron que permitir este tipo de avances institucionales implica debilitar la autonomía reconocida por la Constitución y abrir la puerta a nuevas injerencias sobre recursos estratégicos.

“Defender el Puerto de Ushuaia es defender la autonomía, el trabajo y los derechos de Tierra del Fuego”, expresaron desde el Gobierno provincial, al subrayar que la acción judicial apunta a resguardar el interés colectivo de la población fueguina.

La Provincia ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger sus competencias, garantizar la continuidad laboral y preservar un modelo de gestión que prioriza el desarrollo local y el control de sus propios recursos estratégicos.

Foto: GTDF