Nuevo Plan Nacional de Seguridad en Ecuador: qué establece el decreto y cuáles son los desafíos para su aplicación

El Gobierno de Ecuador oficializó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 como política pública de alcance nacional a través del Decreto Ejecutivo 448, firmado por el presidente Daniel Noboa. La iniciativa busca establecer una estrategia de largo plazo para enfrentar al crimen organizado y coordinar la respuesta del Estado durante los próximos cuatro años.

La medida fue anunciada en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo y redefine el enfoque de la seguridad pública al incorporar, además de acciones policiales y militares, políticas vinculadas con la justicia, el desarrollo social, la educación, el empleo, la tecnología y la cooperación internacional.

El nuevo plan propone una estrategia integral contra el crimen organizado

Uno de los principales cambios es que el documento deja de concentrarse únicamente en operativos de seguridad para convertirse en una política de Estado con participación de distintas áreas gubernamentales. La propuesta contempla una coordinación permanente entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el sistema judicial y otros organismos públicos.

Además, el plan parte del concepto de "acción unificada", que busca articular el trabajo de las instituciones frente a un fenómeno que el Gobierno considera una amenaza no solo para la seguridad, sino también para la economía, la infraestructura, la gobernabilidad y el desarrollo del país.

Otra modificación relevante es que la planificación estratégica deja de estar en manos de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado y pasa al Ministerio de Defensa Nacional, que tendrá la responsabilidad de diseñar, supervisar y evaluar la implementación del programa.

Los especialistas destacan el cambio de enfoque, pero advierten sobre la ejecución

El abogado especializado en seguridad Jorge Triviño valoró que la nueva normativa amplíe la mirada sobre el problema de la violencia.

"El Decreto 448 deja de plantear una estrategia para convertir la seguridad en una política de Estado".

Sin embargo, remarcó que el verdadero desafío comenzará con la puesta en marcha de las medidas.

“Aparentemente tiene una buena óptica. El problema será que no quede únicamente en el papel”.

El especialista también destacó que el plan incorpora un componente de prevención social mediante inversiones en salud, educación, empleo y servicios públicos para disminuir la vulnerabilidad de jóvenes y comunidades frente a las organizaciones criminales.

“No existe inversión social que no genere resultados. Ahora parece que ese componente empieza a incorporarse dentro de la planificación”.

No obstante, señaló que la concreción de esas iniciativas dependerá de la disponibilidad de recursos económicos.

El sistema penitenciario y las finanzas del crimen, entre las prioridades

El Plan Nacional de Seguridad Integral también pone el foco en el sistema carcelario, al considerar que las prisiones funcionan como centros de operación de organizaciones delictivas. Entre las acciones previstas figuran la incorporación de tecnología para vigilancia y control, además del fortalecimiento institucional del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI).

Sobre este punto, Triviño sostuvo:

“Me parece positivo fortalecer el sistema penitenciario e incorporar personal con experiencia en seguridad. Puede ser un primer paso para una reforma estructural”.

A su vez, la estrategia incorpora medidas para afectar la estructura económica del crimen organizado mediante un mayor control sobre el lavado de activos y la corrupción. Para ello, prevé una coordinación más estrecha entre la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Fiscalía General del Estado para investigar y judicializar operaciones vinculadas al blanqueo de capitales.

La confianza ciudadana será otro de los desafíos

El consultor político Héctor Farfán consideró que el éxito del plan no dependerá únicamente de su contenido técnico, sino de la capacidad del Gobierno para demostrar resultados concretos.

“Es fundamental verificar si las medidas propuestas se traducen en mecanismos concretos de control territorial, coordinación interinstitucional y una reducción medible del delito”.

También sostuvo que la administración de Noboa deberá convencer a la ciudadanía de que la nueva política representa un cambio respecto de estrategias anteriores.

“La clave está en determinar si logra transmitir continuidad institucional o una ruptura efectiva con las prácticas anteriores. La ciudadanía evaluará si realmente estamos frente a una nueva estrategia o simplemente ante una reformulación de lo que ya existía”.

En ese sentido, el decreto establece un sistema de monitoreo encabezado por el Ministerio de Defensa Nacional, que incluirá una plataforma unificada de información y comités de revisión estratégica para evaluar el cumplimiento de las metas previstas durante el período 2025-2029.