Los riesgos de la desregulación inmobiliaria, según el abogado Enrique Sosa
El letrado y corredor inmobiliario con 30 años de experiencia explicó a noticias (d) el impacto de las nuevas normativas para los ciudadanos.
Con más de tres décadas de ejercicio profesional en el ámbito jurídico y una reciente incorporación al sector inmobiliario como corredor y martillero público, el abogado Enrique Aníbal Sosa analizó el impacto de las nuevas normativas en la actividad del corretaje inmobiliario y defendió la matriculación obligatoria para proteger el patrimonio de los ciudadanos.
Oriundo de Córdoba y radicado en La Rioja, Sosa desarrolla su actividad como abogado desde 1988, con una extensa trayectoria en derecho civil, bancario y administración pública. En 2023 incorporó a su actividad profesional el corretaje inmobiliario tras graduarse como Martillero, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
La importancia de la matriculación profesional
En medio de las discusiones sobre la flexibilización de distintas actividades profesionales, el profesional manifestó su preocupación por los proyectos que apuntan a modificar el esquema regulatorio vigente para los corredores inmobiliarios y otras profesiones colegiadas. "La libertad de elegir también implica elegir con seguridad", adviertió.
Además, remarcó que el contexto económico, normativo e impositivo actual vuelve cada vez más complejas las transacciones vinculadas al mercado de bienes raíces, por lo que considera valiosa la intervención de profesionales capacitados para acompañar esos procesos.
Cuatro problemas que generan preocupación
Desde su análisis, existen cuatro problemas neurálgicos que plantea la desregulación indiscriminada del sector de corretaje:
- Riesgo absoluto de fraudes: La eliminación de la matrícula obligatoria abre la puerta a que personas sin formación específica intermedien en operaciones de altísimo valor económico, multiplicando exponencialmente las estafas y las malas prácticas comerciales.
- Desprotección total de los consumidores: Al desmantelar el marco regulatorio básico, los ciudadanos quedan completamente expuestos a firmar contratos abusivos y a aceptar condiciones leoninas sin herramientas inmediatas de defensa jurídica.
- Desregulación y desvalorización de la profesión: La disolución o el debilitamiento de los colegios profesionales elimina el principal dique de contención contra el ejercicio ilegal de la profesión y la mala praxis. La actualización e idoneidad profesional no son una opción son una responsabilidad civil en cada asesoramiento.
- Afectación severa a la tasación de propiedades: Sin la intervención de corredores idóneos y formados académicamente, el mercado de tasaciones cae en la arbitrariedad absoluta, propiciando distorsiones de precios y burbujas patrimoniales peligrosas para la economía real.
Cambios en Ganancias para alquileres destinados a vivienda
Otro de los temas abordados por Sosa fueron los recientes cambios introducidos en la reglamentación del Impuesto a las Ganancias para los alquileres destinados a vivienda.
El profesional explicó que el Decreto 406/2026 modificó la reglamentación vigente y estableció que, desde el 1 de enero de este año, las personas humanas y sucesiones indivisas estarán exentas de tributar Ganancias por los ingresos obtenidos a través de alquileres destinados a casa habitación.
La medida alcanza a los contratos de locación independientemente de la fecha en que hayan sido firmados y también contempla determinadas transferencias de derechos sobre inmuebles con idéntico destino.
"Estas medidas buscan, por un lado, aliviar la carga fiscal del propietario para incentivar la oferta de inmuebles en alquiler, que venía críticamente retraída, y por el otro, formalizar las relaciones contractuales", comentó el especialista.
No obstante, remarcó que los contratos que pretendan acceder a los beneficios previstos deberán encontrarse correctamente registrados en el sistema RELI de ARCA.
Un debate que trasciende al sector inmobiliario
Para finalizar, el profesional se refirió a que la discusión sobre la regulación profesional excede al mercado inmobiliario y se vincula con la protección de los usuarios de distintos servicios especializados.
En ese sentido, sostuvo que la formación académica, la actualización permanente y los mecanismos de control profesional constituyen herramientas que contribuyen a brindar mayor seguridad a los consumidores. Por ello, consideró que cualquier reforma vinculada a la actividad debe ser analizada teniendo en cuenta su impacto sobre los derechos de quienes contratan este tipo de servicios.
NoticiasD
16 Junio 2026