
La Confederación General de los Trabajadores anunció una movilización a Plaza de Mayo para el jueves 18 de diciembre en rechazo a la reforma laboral que promueve el Gobierno nacional. La decisión llegó después de una extensa reunión del Consejo Directivo, encabezado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, donde la conducción analizó el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias. La central sindical sostiene que la iniciativa altera derechos históricos y modifica de manera profunda las condiciones del mercado laboral.
Durante el encuentro participaron referentes de distintos gremios, entre ellos Andrés Rodríguez (Unión del Personal Civil de la Nación), Gerardo Martínez (Unión Obrera de la Construcción), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Romero (Unión de Docentes Argentinos) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Todos coincidieron en la necesidad de fijar una postura común frente a la propuesta oficial, que incluye cambios en indemnizaciones, vacaciones, jornada laboral, períodos de prueba, despidos y bank de horas.
En conferencia de prensa, Jorge Sola explicó que la CGT ya había expresado su oposición en el Consejo de Mayo y criticó que el Gobierno impulsara la reforma sin diálogo. “La posición de la central obrera quedó muy clara. Cada consejero planteó un rechazo completo a los puntos que el proyecto incorpora”, señaló. También cuestionó las similitudes entre el texto enviado al Senado y las propuestas que impulsó la Unión Industrial Argentina. “Observamos un país empobrecido, sin inversión, con cierre de empresas, caída de pymes y un proceso de precarización creciente”, afirmó.
Sola sostuvo que la reforma no prioriza los derechos laborales ni la situación de las personas jubiladas. Consideró que el Gobierno “elige avanzar con medidas regresivas mientras ignora leyes vigentes que protegen a quienes trabajan”. Además, criticó la idea de “peruanización de la economía”, expresión que atribuyó al propio ministro de Economía, Luis Caputo, y que, según la CGT, apunta a un modelo que flexibiliza condiciones laborales y debilita la negociación colectiva.
La central sindical cuestiona la posibilidad de que el oficialismo intente aprobar la reforma en tiempos acelerados. Sola afirmó que “la responsabilidad del Congreso consiste en analizar cada punto, sin apuros, porque el proyecto afecta la vida de millones de personas”. También remarcó que la CGT exigirá participar del debate y presentará sus argumentos ante legisladores, gobernadores y distintos actores institucionales.
El dirigente enfatizó que la conducción sindical rechaza cada artículo del proyecto. “La reforma habilita más precariedad y empuja al país hacia una informalidad creciente. La CGT diseñará un plan de acción progresivo y sostendrá su reclamo hasta lograr que el Congreso no apruebe esta ley”, advirtió. En ese sentido, la marcha del 18 de diciembre se convierte en la primera medida dentro de una estrategia que podría ampliarse en caso de que el oficialismo insista en avanzar sin modificaciones.
C5NEl Gobierno propone un conjunto de cambios que, según la CGT, alteran de manera estructural las condiciones de empleo. La iniciativa incluye una reducción de aportes patronales con el objetivo de incentivar la contratación, aunque los gremios consideran que esa medida limita recursos de la seguridad social y debilita las obras sociales.
Uno de los aspectos más cuestionados es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, financiado con el tres por ciento del salario del trabajador para cubrir indemnizaciones. El proyecto señala que el cálculo final excluirá aguinaldo, premios y vacaciones, y permitirá pagos en cuotas. Para los sindicatos, esto recorta derechos y abarata los despidos.
El período de prueba se extenderá a seis meses, durante los cuales cualquiera de las partes podrá finalizar el vínculo sin indemnización. La ley también establece que ninguna empresa podrá contratar dos veces a la misma persona bajo esa modalidad, aunque las organizaciones gremiales sostienen que la medida abre espacio para sustituciones rápidas y rotación permanente.
Otro punto clave se encuentra en la flexibilización de las vacaciones, que podrán dividirse en tramos más cortos con un mínimo de siete días, y en la ampliación de la jornada laboral a doce horas diarias, acompañada por la creación del bank de horas. Los sueldos también podrán pagarse en pesos, en moneda extranjera o en especie, algo que preocupa a los gremios por la posibilidad de distorsionar el salario real.
La reforma modifica los convenios colectivos y elimina la ultraactividad, lo que permite que los acuerdos por empresa se impongan por encima de los convenios generales. También amplía la lista de actividades consideradas esenciales, con restricciones más fuertes a huelgas, protestas y asambleas, y mayores sanciones frente a bloqueos o tomas de establecimientos.
La marcha convocada por la CGT buscará mostrar el rechazo sindical y presionar al Congreso en la previa al debate legislativo. La central obrera promete una movilización masiva y prepara una estrategia que buscará sumar a organizaciones sociales, movimientos de trabajadores y agrupaciones que comparten la preocupación por el impacto de la reforma.
Con el anuncio, comienza una etapa de tensión creciente entre el Gobierno y la dirigencia sindical, en un clima que anticipa un fin de año marcado por el conflicto laboral y la discusión sobre el rumbo que tomará la política económica y social en los próximos meses.
Foto: NA
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11 Diciembre 2025