Jujuy avanza con un proyecto para crear Guardianes Civiles contra la Trata de Personas

La provincia de Jujuy avanza en el tratamiento de un proyecto de ley que propone crear la figura de Guardianes Civiles contra la Trata de Personas, una herramienta destinada a reforzar las acciones de prevención y detección temprana de este delito.

La iniciativa fue analizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura jujeña, donde los legisladores evaluaron los alcances de la propuesta y acordaron continuar trabajando sobre el texto con nuevos aportes de organismos y especialistas.

Una estrategia de prevención en una provincia fronteriza

El proyecto toma especial relevancia por la ubicación geográfica de Jujuy, una provincia limítrofe donde las autoridades consideran fundamental contar con mecanismos específicos para prevenir situaciones vinculadas a la trata y explotación de personas.

La propuesta apunta a fortalecer la participación ciudadana, generar redes de alerta y acompañar las políticas públicas existentes en materia de prevención y asistencia a víctimas.

La Legislatura continúa el análisis del proyecto

Durante el debate, la comisión resolvió pasar a un cuarto intermedio para incorporar observaciones y convocar a representantes de distintos sectores que puedan aportar al desarrollo de la normativa.

Desde el cuerpo legislativo señalaron la importancia de construir una herramienta integral que contemple la prevención, la capacitación y la articulación entre instituciones públicas y la comunidad.

Un nuevo enfoque contra la trata de personas

La creación de los Guardianes Civiles formaría parte de una estrategia más amplia para mejorar la detección de posibles casos y fortalecer los canales de intervención.

En Jujuy ya existen políticas de articulación entre organismos provinciales y nacionales para combatir la trata de personas, incluyendo acciones de prevención, asistencia y difusión de herramientas de denuncia.

El avance del proyecto abre un nuevo capítulo en la búsqueda de respuestas frente a una problemática que requiere coordinación permanente entre el Estado y la sociedad.