
La Justicia de Entre Ríos investiga la desaparición de más de 500 animales en un establecimiento rural del departamento Colón, en una causa que involucra a un reconocido médico veterinario acusado de presunta defraudación y administración fraudulenta.
La denuncia fue presentada por la firma Arroyo Carqueja SA, que reportó la falta de 537 bovinos entregados bajo un contrato de capitalización ganadera en un campo ubicado en la zona de Colonia Mabragaña. Según el expediente judicial, los animales estaban bajo custodia y administración del profesional investigado.
La investigación es llevada adelante por la fiscal auxiliar María Noelia Batto, de la Unidad Fiscal de Colón, quien impulsa actuaciones por los delitos de “defraudación por retención indebida” y “administración fraudulenta”.
Uno de los puntos que encendió las alarmas surgió de registros de la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa): mientras en diciembre de 2024 figuraban 517 animales registrados, en mayo de 2025 se declaró “existencia cero”, sin documentación que justificara ventas, traslados ni mortandad del rodeo.
Los investigadores sospechan que parte de la hacienda podría haber sido comercializada mediante maniobras irregulares, utilizando presuntas guías de traslado falsas y documentación adulterada vinculada a organismos sanitarios y de control.
El abogado Fernando Zubillaga, representante legal de Arroyo Carqueja SA, confirmó que la empresa se presentó como querellante particular en la causa y aseguró que el daño económico supera los 700 millones de pesos.
Por su parte, Alfredo Gambaro, socio y presidente de la firma damnificada, sostuvo que fueron víctimas de “una maniobra de estafa” y reclamó el rápido esclarecimiento del caso. Según detalló, además de los bovinos desaparecidos también faltan alrededor de 120 crías de terneros.
Como parte de las medidas judiciales, intervino la Brigada de Delitos Rurales para inspeccionar el establecimiento ubicado sobre el kilómetro 172 de la Ruta Nacional 14. Además, la Justicia solicitó informes al Senasa y a organismos provinciales para determinar si existieron eventos climáticos o movimientos irregulares de hacienda.
La causa recuerda a un reciente antecedente ocurrido en Corrientes, donde un productor rural fue condenado por la desaparición de casi 2.000 cabezas de ganado en una maniobra de administración fraudulenta valuada en 1,7 millones de dólares.
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