El Gobierno define que Transporte regule Uber, Rappi y apps de reparto

El Gobierno nacional oficializó un cambio clave en la regulación de la economía de plataformas al designar a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen que regula los servicios de movilidad y reparto a través de aplicaciones digitales.

La medida fue establecida mediante el Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a empresas como Uber, Cabify, DiDi, Rappi y PedidosYa, entre otras que operan bajo esquemas tecnológicos similares.

Según la normativa, la Secretaría de Transporte —dependiente del Ministerio de Economía— será la encargada de aplicar el régimen específico para los prestadores independientes que desarrollan actividades mediante estas plataformas.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo conservará competencias relacionadas con los convenios colectivos que puedan surgir dentro del sector, aunque el esquema general quedó definido fuera del régimen laboral tradicional.

Trabajadores independientes y nuevo marco legal

Uno de los puntos centrales del decreto es la ratificación del criterio oficial de considerar a conductores y repartidores como trabajadores independientes, en línea con la reforma laboral sancionada por el Congreso.

De este modo, estos vínculos quedan excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo y pasan a estar regidos por un esquema particular, diseñado específicamente para la economía de plataformas.

Desde el Gobierno explicaron que la decisión de ubicar la regulación bajo la órbita de Transporte responde a la naturaleza de estas actividades, vinculadas principalmente con la movilidad urbana y la logística.

Un sector en expansión y debate

La medida se inscribe en un contexto de crecimiento sostenido de las plataformas digitales, que en los últimos años generaron debates judiciales y políticos sobre la relación entre las empresas tecnológicas y quienes prestan servicios a través de sus aplicaciones.

Con este nuevo marco, el Ejecutivo busca dotar de mayor previsibilidad regulatoria a una actividad en expansión, al tiempo que adapta su control a organismos con competencias técnicas específicas.

El decreto representa así uno de los cambios más relevantes de la reforma laboral en relación con la economía digital, y abre una nueva etapa en la regulación del trabajo en plataformas en la Argentina.