Diputados convirtió en ley el pago con los últimos holdouts y habilitó el cierre de litigios por la deuda de 2001

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para autorizar el pago acordado con los dos últimos grupos de acreedores que mantenían reclamos judiciales contra la Argentina por la cesación de pagos declarada en 2001. La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos y 97 negativos, lo que permitió completar su trámite parlamentario antes del vencimiento del plazo establecido en las negociaciones con los demandantes.

Con esta decisión, el Ejecutivo queda habilitado para avanzar con los acuerdos de conciliación alcanzados con los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP, en una operación que apunta a clausurar los litigios que aún permanecían activos en tribunales estadounidenses vinculados a la deuda soberana argentina.

Además de destrabar las negociaciones pendientes, la aprobación legislativa permitirá dejar sin efecto distintas medidas judiciales que afectaban bienes del Estado nacional, entre ellos participaciones accionarias de empresas estratégicas y otros activos sujetos a posibles embargos.

Cómo será el esquema de pago acordado con los acreedores

El entendimiento contempla desembolsos por 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo encabezado por Attestor. La operación se realizará mediante el sistema internacional denominado Entrega contra Pago (DVP), que establece que la liberación de los fondos y la cancelación de los bonos involucrados ocurran de manera simultánea.

El acuerdo también fija que los acreedores asumirán los costos judiciales derivados de los años de litigio y establece una cláusula de suspensión de acciones legales, mediante la cual se comprometen a no iniciar nuevas demandas ni obstaculizar futuras operaciones financieras argentinas mientras se completa el proceso.

Desde el oficialismo sostuvieron que la ley permitirá cerrar uno de los últimos capítulos pendientes del prolongado conflicto generado por el default de comienzos de siglo.

Durante el debate, el diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch afirmó que el objetivo es terminar, después de más de dos décadas, con "esta herida de deshonra internacional". Además, defendió las condiciones obtenidas en la negociación y destacó que se logró una reducción cercana al 30% sobre los montos reclamados originalmente.

"¿Qué pasa si no la aprobamos? Los acuerdos conciliatorios se caen y se reactivan todas las medidas de litigio y se empiezan a acelerar las instancias judiciales", explicó el legislador.

Cuestionamientos de la oposición al proyecto oficial

Desde Unión por la Patria, el diputado Itai Hagman cuestionó la iniciativa y sostuvo que forma parte de una estrategia que podría derivar en un nuevo proceso de endeudamiento. "Un paso más de un procedimiento que tiene un único objetivo: volver a endeudar a nuestro país", advirtió.

El legislador también criticó la forma en que se desarrollaron las negociaciones y señaló: "El Estado argentino negoció una sentencia con fondos buitres sin saber sobre qué título estaba negociando, se enteró después".

En la misma línea, Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, expresó su rechazo al proyecto al considerar que la norma no especifica con claridad cuál será la fuente de financiamiento para afrontar los pagos comprometidos. También cuestionó la falta de una asignación presupuestaria específica para la operación.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola alertó sobre las consecuencias futuras del acuerdo y afirmó: "Este acuerdo con los fondos buitre marca el precdente de nuevas deudas con jurisdiccción extranjera".

A su turno, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó mayor información sobre los títulos involucrados en la negociación y sostuvo que el Congreso debía contar con más detalles para evaluar el monto final acordado.

El oficialismo defendió el impacto del acuerdo sobre activos estratégicos

En el cierre del debate, la diputada Silvana Giudici respaldó la iniciativa y remarcó que los fondos involucrados ya contaban con fallos firmes emitidos por la Justicia de Estados Unidos.

Además, destacó que el acuerdo contempla la restitución de acciones de YPF que estaban bajo control de los acreedores y aseguró que la medida contribuirá a reducir riesgos futuros para la compañía.

Según afirmó la legisladora, la recuperación de esos activos "va a permitir que YPF termine estando libre de cualquier otro conflicto", evitando nuevos intentos de embargo sobre bienes vinculados al Estado argentino.