
La Cámara de Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil y otorgó media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad para delitos graves. La iniciativa reunió 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones, durante una sesión marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
El oficialismo consiguió así su segunda victoria legislativa del año en sesiones extraordinarias, luego del aval del Senado a la reforma laboral. Ahora el Senado deberá analizar el texto para definir si convierte la iniciativa en ley.
La propuesta recibió el respaldo de La Libertad Avanza, Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, Innovación Federal, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y bloques provinciales. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto.
La discusión dejó momentos de fuerte tensión en el recinto. Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió la iniciativa y sostuvo que jóvenes entre 12 y 14 años comprenden cuando actúan contra la ley y deben responder ante la Justicia.
En la misma línea, el diputado neuquino Álvaro Martínez afirmó que la reforma no busca enviar adolescentes a prisión, sino construir un sistema con objetivos educativos y de reinserción social. Además, remarcó que la normativa establece proporcionalidad en las penas y descarta la prisión perpetua para menores.
El presidente del bloque de Propuesta Republicana, Cristian Ritondo, aseguró que la baja de edad penal no resolverá por sí sola el problema de la inseguridad, aunque señaló que organizaciones criminales reclutan menores aprovechando vacíos legales y la falta de sanciones efectivas.
Desde la oposición, la diputada Paula Penacca sostuvo que el proyecto impulsa un enfoque punitivo sin resolver las causas sociales de la delincuencia juvenil. A su vez, Myriam Bregman advirtió que la medida podría aumentar situaciones de hostigamiento policial hacia jóvenes en barrios populares.
NAEl proyecto fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual y secuestro. En esos casos, las penas podrán alcanzar hasta 15 años de prisión, aunque el texto establece que la privación de libertad deberá aplicarse solo como último recurso.
Para delitos menores, la normativa prevé medidas alternativas como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibiciones de acercamiento a víctimas, restricciones para concurrir a determinados lugares, monitoreo electrónico y reparación del daño causado.
La sustitución de prisión podrá aplicarse en delitos con penas de hasta 3 años, o hasta 10 años cuando no exista muerte ni violencia grave, siempre con acuerdo fiscal y audiencia de la víctima. El texto también habilita mediaciones penales juveniles y suspensión de juicio a prueba en infracciones leves.
El proyecto prioriza la creación de institutos especializados para menores en conflicto con la ley penal, con personal capacitado en infancia y adolescencia y estricta separación de detenidos adultos.
Además, incorpora programas educativos, capacitación laboral, asistencia psicológica y tratamientos contra adicciones bajo control judicial, con el objetivo de favorecer la reinserción social.
Un punto clave para reunir apoyos fue la incorporación de una asignación presupuestaria específica de $23.739 millones destinados a la puesta en marcha del nuevo régimen. Esos recursos financiarán acciones del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.
Con la media sanción obtenida, el debate ahora se trasladará al Senado, donde el oficialismo buscará consolidar otro avance legislativo en materia de seguridad y justicia juvenil.
NoticiasD
12 Febrero 2026