Llaryora presentó la Ley Antibúnker para intervenir inmuebles usados por el narcotráfico en Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó este miércoles el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantadero, una propuesta que busca ampliar las herramientas del Estado para actuar sobre propiedades utilizadas por organizaciones delictivas, puntos de venta de droga y espacios abandonados que favorezcan hechos de inseguridad.

La iniciativa será debatida en la Legislatura de la Provincia de Córdoba y establece un régimen específico para intervenir inmuebles identificados como búnkeres de comercialización de estupefacientes, aguantaderos o lugares vinculados con actividades criminales. También contempla edificios deteriorados o sin uso que puedan transformarse en focos de delito.

Durante la presentación realizada en el Centro Cívico del Bicentenario, Llaryora estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y el legislador Facundo Torres.

Qué medidas contempla la nueva Ley Antibúnker de Córdoba

El proyecto plantea la creación de procedimientos administrativos y judiciales para actuar de manera preventiva sobre inmuebles considerados de riesgo para la seguridad pública. Entre las medidas previstas aparecen inspecciones, informes técnicos, clausuras temporales, cerramientos, tapiados, bloqueo de accesos y custodia de propiedades.

Según explicó el gobernador, la intención es evitar que esos espacios continúen funcionando como centros de operaciones del delito. «La tranquilidad en un barrio llega no solo cuando detenemos al delincuente, sino también cuando derrumbamos ese lugar para que desaparezca de una vez por todas el hecho material que permite delinquir».

Además, Llaryora destacó el objetivo general de la iniciativa y afirmó: «Esto no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo», al repasar las políticas implementadas por la Provincia en materia de seguridad.

El mandatario también definió al proyecto como «una herramienta central» en la lucha contra el narcotráfico y señaló que «Córdoba es una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico».

Registro de bienes intervenidos y coordinación entre organismos

La propuesta incorpora la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos. Estos organismos tendrán como objetivo mejorar la coordinación entre la Provincia, la Justicia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los municipios.

El ministro Julián López explicó que el proyecto surgió luego de analizar diferentes investigaciones donde detectaron inmuebles y vehículos utilizados como apoyo logístico para organizaciones criminales.

“Evaluamos la situación de inmuebles y vehículos que se utilizan para la comisión de determinados delitos, los cuales compartían características similares: propiedades en estado de abandono, desuso o deterioro que, al facilitar la comisión de ilícitos, terminaban constituyendo una infraestructura y logística a disposición de asociaciones criminales, algunas vinculadas al narcotráfico y otras a la reiterancia de delitos comunes”, detalló López.

El funcionario agregó que el objetivo es que las fuerzas de seguridad puedan contar con una herramienta más rápida para intervenir en estos casos.

“el gobernador pidió avanzar en un proyecto de ley que sea sólido y, fundamentalmente, expeditivo, a los fines de que las fuerzas de seguridad cuenten con una herramienta rápida y efectiva a la hora de intervenir sobre determinados inmuebles”, señaló.

Cuando las causas estén relacionadas con narcotráfico u otros delitos complejos, será la Justicia la encargada de ordenar medidas como desalojos, demoliciones o la devolución de los inmuebles a sus propietarios.

Cómo se distribuirán los fondos de bienes decomisados

Otro punto destacado del proyecto establece un esquema para administrar los recursos obtenidos de bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico.

La iniciativa propone destinar el 60% de esos fondos al fortalecimiento de la FPA mediante equipamiento, tecnología, logística y capacitación operativa. El 40% restante será utilizado para programas de prevención y tratamiento de adicciones a cargo del Ministerio de Justicia y Trabajo.

Por su parte, el ministro Juan Pablo Quinteros sostuvo que la propuesta representa una definición política en materia de seguridad y remarcó la importancia de la coordinación entre los distintos poderes del Estado.

«Es absolutamente imposible que una política de seguridad funcione si los tres poderes del Estado no trabajan en la misma sintonía, con el mismo ritmo y con la misma política criminal», expresó.

La ley también habilita la adhesión de municipios y comunas para avanzar en convenios con la Provincia que permitan recuperar inmuebles utilizados por organizaciones criminales y reforzar las acciones de prevención en los barrios.