Córdoba avanza con una ley para intervenir búnkeres narco y recuperar inmuebles vinculados al delito

El Gobierno de Córdoba presentó un proyecto de ley orientado a ampliar las herramientas del Estado para actuar sobre propiedades utilizadas en actividades ilícitas o que, debido a su abandono y deterioro, se hayan convertido en focos de inseguridad. La propuesta fue firmada por el gobernador Martín Llaryora y apunta a facilitar la recuperación de espacios que hoy representan un riesgo para los vecinos.

La denominada Ley Antibúnker y Antiaguantaderos establece un marco legal específico para intervenir inmuebles asociados a la comercialización de drogas, refugios de organizaciones delictivas y edificaciones abandonadas que favorezcan la comisión de delitos. El objetivo es permitir respuestas más ágiles y coordinadas entre distintas áreas del Estado, respetando las garantías legales y las competencias de la Justicia.

Según el proyecto, las autoridades podrán iniciar procedimientos de intervención temprana mediante inspecciones, informes técnicos y resoluciones administrativas. Entre las medidas previstas figuran el cerramiento de propiedades, el bloqueo de accesos, clausuras preventivas, tareas de custodia y otras acciones destinadas a evitar que esos lugares continúen siendo utilizados para actividades ilegales.

Un esquema de actuación conjunta para combatir el narcotráfico

La iniciativa contempla una participación activa de la Justicia en los casos de mayor complejidad, especialmente aquellos relacionados con el narcotráfico. En esas situaciones, los jueces podrán disponer medidas más profundas, como desalojos, demoliciones de estructuras utilizadas para la venta de estupefacientes o la restitución de inmuebles a sus propietarios legítimos.

Además, el proyecto incorpora un mecanismo para que los bienes decomisados y los recursos obtenidos en causas vinculadas al narcotráfico vuelvan a destinarse a la lucha contra ese delito. De acuerdo con la propuesta, el 60% de esos fondos se asignará al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40% restante financiará programas de prevención y abordaje impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.

Crearán un registro provincial y una unidad especializada

Como parte de la nueva estrategia, el texto legislativo prevé la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos. Estos organismos tendrán la función de centralizar información y coordinar acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la FPA, la Policía de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Trabajo, además de municipios y comunas.

La propuesta también promueve la adhesión de los gobiernos locales mediante convenios de cooperación que permitan ejecutar intervenciones en cada territorio. Desde la Provincia sostienen que la medida busca recuperar espacios que hoy son utilizados por organizaciones criminales, reforzar la presencia estatal en los barrios y mejorar las condiciones de seguridad para la comunidad.