
La salud mental atraviesa uno de sus momentos más críticos en la Argentina. El incremento de los suicidios, la creciente demanda de atención psicológica y psiquiátrica y la falta de recursos para responder a esa realidad encendieron alarmas en distintos sectores. En paralelo, el Senado debate una reforma a la Ley Nacional de Salud Mental que busca modificar los criterios para las internaciones involuntarias y reforzar el rol de los psiquiatras dentro del sistema.
Las estadísticas reflejan una problemática que se profundizó en los últimos años y que hoy impacta con fuerza en hospitales, centros de atención y servicios de emergencia. Mientras los gobiernos provinciales y municipales intentan ampliar la capacidad de respuesta, especialistas coinciden en que la magnitud del fenómeno exige una estrategia integral y sostenida.
Detrás de los números aparecen historias de familias que enfrentan situaciones extremas y que muchas veces encuentran dificultades para acceder a tratamientos, internaciones o acompañamiento adecuado. Esa realidad se convirtió en uno de los principales argumentos de quienes impulsan modificaciones en la legislación vigente.
Los datos oficiales muestran un marcado deterioro en los indicadores vinculados a la salud mental. Según el último informe del Sistema Nacional de Información Criminal, durante 2025 se registraron 5.209 suicidios en todo el país, una cifra que representa una tasa de 11,8 casos cada 100.000 habitantes.
El dato implica un incremento del 21,6% respecto de 2024 y consolida una tendencia ascendente que se mantiene desde hace seis años. En 2020 la tasa era de 7,8 en 2021 pasó a 8,7 en 2022 alcanzó 9,2 y en 2023 y 2024 se ubicó en 9,7.
La mayoría de los casos se concentra en hombres, que representan cerca del 79% de las víctimas. Sin embargo, las consultas por salud mental y los intentos de suicidio presentan una mayor incidencia entre mujeres, especialmente adolescentes y adultas jóvenes.
En la Ciudad de Buenos Aires también se observó un fuerte incremento. Entre enero y mayo de este año se notificaron 206 intentos de suicidio, frente a los 143 registrados durante el mismo período de 2025. El aumento fue del 44%.
Desde el Ministerio de Salud porteño señalaron que entre los factores más frecuentes aparecen antecedentes de trastornos de salud mental, intentos previos de suicidio y consumos problemáticos.
El crecimiento de las consultas se replica en distintos puntos del país. Un informe elaborado por el Ministerio de Salud bonaerense advirtió que las internaciones por motivos vinculados a salud mental crecieron, en promedio, un 77% entre 2019 y 2025.
La situación es especialmente preocupante entre niños, adolescentes y jóvenes. En la provincia de Buenos Aires, las internaciones de menores de 18 años aumentaron un 22,8% en los últimos dos años y prácticamente se duplicaron al compararlas con los registros de 2019.
En los hospitales públicos porteños, la demanda también mostró una fuerte expansión. Actualmente se otorgan más de 2.700 turnos diarios vinculados a salud mental, una cifra que representa un crecimiento superior al 90% respecto de 2023.
Ante este escenario, tanto la Ciudad como la Provincia reforzaron planteles profesionales, ampliaron programas de prevención y sumaron camas para internación. Sin embargo, las autoridades sanitarias reconocen que el sistema continúa sometido a una presión creciente.
Otro de los indicadores que genera preocupación es el incremento del uso de medicamentos vinculados a tratamientos psiquiátricos.
El Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes Secundarios reveló que la edad promedio de inicio en el consumo de tranquilizantes descendió hasta los 12,6 años. Además, casi el 6% de los estudiantes afirmó haber utilizado este tipo de fármacos sin prescripción médica.
A nivel bonaerense, la provisión de psicofármacos aumentó un 966% en los últimos seis años. Según datos oficiales, se pasó de aproximadamente 1.500 usuarios en 2020 a cerca de 16.000 en 2026.
Mientras los indicadores empeoran, distintos sectores cuestionan el nivel de inversión destinado al área.
La Ley Nacional de Salud Mental establece que al menos el 10% del presupuesto sanitario debería destinarse a políticas específicas de salud mental. Sin embargo, ese objetivo solo se habría alcanzado en 2023.
De acuerdo con los datos presupuestarios analizados, en 2025 el área recibió apenas el 1,68% del presupuesto total de salud y para 2026 la asignación ronda el 1,65%.
Además, hacia mediados de mayo, los programas vinculados a salud mental mostraban una ejecución efectiva cercana al 6,2%, en un contexto atravesado por recortes en distintas partidas sanitarias.
En medio de este escenario, el Gobierno nacional impulsa modificaciones a la Ley 26.657 de Salud Mental, vigente desde 2010.
La iniciativa ya comenzó a ser discutida en el Senado y podría obtener media sanción en los próximos días. Entre los cambios más importantes figura la flexibilización de los criterios para las internaciones involuntarias.
Actualmente, para internar a una persona sin su consentimiento debe acreditarse la existencia de un “riesgo cierto e inminente” para sí misma o para terceros. El proyecto propone reemplazar ese criterio por el de una “situación de riesgo grave de daño”, incorporando además antecedentes previos y posibles escenarios futuros dentro de la evaluación.
La propuesta también restablece un papel central para los médicos psiquiatras dentro de los equipos interdisciplinarios y habilita que las internaciones se realicen tanto en hospitales generales como en establecimientos especializados en psiquiatría y salud mental.
Mientras el debate legislativo avanza, especialistas, funcionarios y organizaciones coinciden en un punto: la crisis de salud mental dejó de ser una problemática aislada para convertirse en un desafío de alcance nacional que demanda respuestas urgentes y sostenidas.
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