Las principales cámaras empresariales del país coincidieron en resaltar la problemática del atraso cambiario y expresaron su preocupación por la posible derogación de la reforma de la seguridad social durante un análisis exhaustivo del estado actual de Uruguay. Estas preocupaciones fueron presentadas durante el almuerzo anual de la Asociación de Dirigentes de Marketing, donde se discutieron también temas como la competitividad y los posibles efectos del plebiscito del PIT-CNT. Otros temas abordados incluyeron la reducción de la jornada laboral y la actividad económica, en presencia de destacadas personalidades como el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, y los pre candidatos presidenciales Álvaro Delgado y Guido Manini Ríos.

En el marco de este evento, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Patricio Cortabarría, subrayó que «el sector agropecuario contribuye con casi el 21% del Producto Interno Bruto (PIB) y el empleo que genera impacta en el 17% de la masa salarial total». Cortabarría reflexionó sobre el crecimiento económico previsto para Uruguay en 2023, que se vio afectado por la sequía, pasando de un pronóstico del 3% a un crecimiento final del 0,4%. Esto, según él, demuestra el significativo impacto del sector agropecuario en la economía nacional.

En cuanto al déficit estimado del sector, Cortabarría lo situó en alrededor de 1.800 millones de dólares, desglosándolo en aproximadamente mil millones en la agricultura, 258 en la ganadería de carne, 145 en praderas perdidas, 136 en la lechería, 43 en frutales y 12 en viticultura.

Menos burocracia, eficiencia y productividad

En su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio Cesar Lestido, destacó la presentación del «Pacto por la patria», elaborado recientemente por la gremial y ofrecido a los candidatos políticos para su ratificación. Entre los principales puntos de la propuesta se encuentran la creación de una «segunda oportunidad laboral» para personas privadas de libertad, el combate efectivo al crimen organizado, la modernización del Estado y la reducción de cargas tributarias.

Lestido enfatizó la necesidad de un Estado más eficiente y la importancia de priorizar la reducción del gasto público en lugar de recurrir a métodos impositivos y tarifarios. Respecto a la propuesta de reducción de la jornada laboral, señaló que debe estar vinculada a la productividad y considerarse caso por caso, lo que generó aplausos entre los presentes en el almuerzo.

El presidente de la Cámara de Comercio abordó también el plebiscito convocado por la central sindical PIT-CNT sobre la reforma de la seguridad social, advirtiendo que su aprobación podría generar un déficit insostenible para el país.

En cuanto a la inserción internacional de Uruguay, Lestido reconoció los esfuerzos del gobierno en la búsqueda de nuevos mercados y llamó a que esto se convierta en una política de Estado. Destacó la importancia de explorar más vías que permitan avanzar y prosperar en un entorno global dinámico, instando a una mayor facilitación de las exportaciones e importaciones para reducir costos y tiempos, lo que tendría un impacto positivo tanto en las empresas como en los consumidores.

Industria competitiva

En su intervención, el actual vicepresidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, presentó una serie de propuestas y análisis bajo el título «Plan de acción para el desarrollo industrial del Uruguay», que busca promover una industria competitiva. Entre las medidas propuestas a mediano plazo se encuentra la necesidad de reducir el gasto público y el peso del Estado, lo que implicaría disminuir la cantidad de empleados públicos, así como mejorar el ambiente laboral.

El documento sugiere reducir el gasto público del Gobierno Central a alrededor del 20% del Producto Interno Bruto (PBI), lo que, según Murara, ayudaría a controlar la sostenibilidad fiscal, reducir las presiones sobre el tipo de cambio real y disminuir la presión tributaria.

En relación con la negociación colectiva, la presentación de la Cámara de Industrias propone una negociación bipartita para empresas consideradas «grandes», mientras que para las pequeñas o medianas se sugiere la adhesión a lo acordado en la negociación o el establecimiento de negociaciones particulares por empresa.

Murara destacó la importancia del sector industrial en la economía del país, señalando que cada producto manufacturado en el sector tiene un valor aproximado de 17.000 millones de dólares, de los cuales alrededor de 10.000 millones se exportan a países de todos los continentes. Además, resaltó que el sector industrial, tanto directa como indirectamente, genera aproximadamente 266.000 puestos de trabajo, lo que representa el 17% del total de empleo en el país.

El rol de la construcción y un argumento diferente contra el plebiscito del PIT-CNT

El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, destacó el aporte significativo de su sector a la economía nacional, señalando que representa aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) considerando toda la cadena de valor de la industria. Esta contribución se divide en un 4.9% directo, un 3.5% indirecto (que incluye a proveedores e insumos), y un 1.8% inducido, relacionado con el consumo generado por los trabajadores del sector en las zonas donde se llevan a cabo las obras. En resumen, aproximadamente el 16% de la población empleada en Uruguay está vinculada de alguna manera a la industria de la construcción.

Ruibal presentó propuestas como la creación de una Agencia Nacional de Infraestructura, que tendría participación y control estatal y se sumaría al ya existente Consejo de Políticas de Infraestructura, con una amplia participación del sector privado y que ya ha tenido sus primeras reuniones.

Sin embargo, el momento más destacado de su participación fue cuando abordó la postura de su gremio respecto al plebiscito sobre la reforma jubilatoria, centrándose en la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Ruibal argumentó que la eliminación de las AFAP tendría un impacto negativo en el empleo, estimando que se perderían alrededor de 30 mil puestos de trabajo. Expresó firmemente que «el 10-15% de los empleos en la construcción estarían en riesgo debido a la eliminación de proyectos financiados por las AFAP, como viviendas, aeropuertos, energía y centros educativos en el interior del país». Concluyó destacando que la estabilidad institucional del país también estaría en juego con esta medida.